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- La crisis política en Perú de 2017-2020 se refiere al período de inestabilidad política en la República del Perú que inició durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en septiembre de 2017 hasta su caída en marzo de 2018, reiniciándose en julio de 2018 bajo el gobierno de Martín Vizcarra (en la línea sucesoria por ser el primer vicepresidente), quien finalmente disolvió el Congreso de la República el 30 de septiembre de 2019. La característica fundamental de esta crisis fue la constante pugna del Ejecutivo con las fuerzas políticas opositoras del Congreso, encabezadas estas por el partido Fuerza Popular o partido fujimorista. El Ejecutivo acusó a este partido de realizar una labor obstruccionista y de oponerse a la reforma judicial y política, mientras que la oposición calificó al gobierno de incapaz, corrupto y con tendencia al autoritarismo de tipo castro-chavista. El origen de la crisis política se puede ubicar en tres sucesos coyunturales:
* El resultado de las elecciones generales de 2016, que llevó a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio, que ganó a Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, por un estrecho margen de ventaja. Pero el nuevo gobierno no logró obtener mayoría en el parlamento, ni siquiera la posibilidad de hacer un contrapeso con eventuales alianzas con otras fuerzas políticas minoritarias, pues su rival en las elecciones, el fujimorismo, obtuvo una aplastante mayoría, que lo llevó a tener el control del Congreso (73 congresistas sobre 130). Los agravios mutuos proferidos entre ambos competidores durante las elecciones llevó desde el primer momento a una confrontación entre ambos poderes, que fue creciendo al pasar el tiempo, pese a que desde el punto de vista ideológico no tuvieran mayor diferencia (ambos de centro-derecha).
* La revelación del departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso Odebrecht (parte de Lava Jato), en diciembre de 2016, que involucraba a importantes políticos y funcionarios de los gobiernos de Perú desde principios del siglo XXI, en casos de corrupción. La enérgica y decidida labor de un equipo de fiscales peruanos (entre ellos José Domingo Pérez) llevó adelante los procesos de investigación que involucró a expresidentes como Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, incluso al mismo presidente en ejercicio Pedro Pablo Kuczynski, así como a importantes líderes políticos en actividad como Keiko Fujimori. Sin embargo, se acusó sin mayores pruebas al Ejecutivo de controlar la fiscalía para redireccionar las investigaciones a políticos que le eran desafectos; de otro lado se acusó a la mayoría fujimorista aliada con el aprismo en el Congreso de «blindar» (proteger) a sus correligionarios investigados, específicamente a través de la Comisión Lava Jato. La prisión preventiva de la expareja presidencial Ollanta Humala-Nadine Heredia, la renuncia de Kuczynski a la presidencia, la prisión preventiva de Keiko Fujimori, el suicidio de Alan García, fueron los principales sucesos derivados de la investigación de Lava Jato que jalonaron este periodo, y que causaron mucha conmoción, acentuando la crisis política.
* El estallido del caso de corrupción judicial, llamado CNM Audios o Lava Juez (julio de 2018), gracias a la labor de dos fiscales del Callao, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro. A través de escuchas telefónicas legales, se revelaron supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucraban directamente a jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). A todos los involucrados, entre ellos el juez supremo César Hinostroza y el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, se les consideró como miembros de una organización criminal, que fue denominada como Los Cuellos Blancos del Puerto. Aunque se trataba de una investigación fiscal y judicial, el hecho desbordó a lo político cuando se acusó a la mayoría fujimorista y su aliado el aprismo del Congreso de pretender «blindar» a Hinostroza, Chávarry y otros involucrados, atizando más la pugna con el Ejecutivo, que se propuso, contra viento y marea, llevar adelante la reforma de la justicia y del Ministerio Público. La crisis política se puede dividir hasta ahora en siete períodos:
* El primer período o «primera crisis» se debió a una serie de eventos que desembocaron oficialmente el 15 de septiembre de 2017 en una fractura total del Estado en dos. Por un lado el Ejecutivo, denominado «oficialismo», liderado por el presidente elegido constitucionalmente Pedro Pablo Kuczynski y por el otro el Congreso de la República del Perú controlado en su mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular que se autodenomina «la oposición» dirigido por su líder Keiko Fujimori. El 13 de octubre el congreso de la República dominado por la oposición reanudó las relaciones con el oficialismo aunque de manera frágil.
* El segundo período o «segunda crisis» se debe a la falta de prestigio que perdió el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski al ponerse al descubierto un supuesto conflicto de interés cuando fue ministro de Estado del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), ocasión en la que una de sus empresas unipersonales de consultoría había hecho servicios profesionales a la empresa Odebrecht y recibido sustanciosos pagos. Hasta entonces, PPK había negado constantemente haber mantenido relación laboral alguna con dicha empresa. Todo ello originó un primer pedido oficial vacancia presidencial por «incapacidad moral» según la constitución vigente (que sería por haber mentido reiteradamente sobre su relación con la empresa Odebrecht), que sin embargo no prosperó. Poco después, Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori, quien purgaba una pena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos. La decisión desencadenó protestas masivas en varias ciudades, la renuncia de tres de sus ministros y severas críticas de un amplio espectro de personalidades. Luego, el 28 de febrero de 2018 se aprobó por insistencia del APRA y del Fujimorismo la Ley Mulder que prohibía la publicidad estatal en medios privados y poco después sobrevino un segundo pedido de vacancia presidencial, promovida por la izquierda y apoyada por los fujimoristas de Fuerza Popular.
* El tercer período o «tercera crisis» inició unos días antes de debatirse en el Congreso el pedido de vacancia, cuando el 20 de marzo de 2018, los fujimoristas revelaron unos videos y audios donde se mostraba que operadores del gobierno, incluyendo un ministro de Estado, negociaban con un congresista de Fuerza Popular para comprar su voto en contra de la vacancia, a cambio de obras para su región. Al día siguiente, el presidente envió su carta de renuncia al Congreso, que fue aceptada el 23 de marzo de 2018. Ese mismo día juramentó como nuevo presidente el ingeniero Martín Vizcarra, por estar en la línea de sucesión al ser el primer Vicepresidente de la República.
* El cuarto período o «cuarta crisis» inició el 7 de julio de 2018 cuando el portal IDL-Reporteros sacó a la luz los CNM Audios, unas grabaciones que revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o negociaciones de ascensos de funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (cuerpo del Ministerio Público que se relacionaría con diversas figuras públicas como políticos, empresarios y deportistas, encabezados por el abogado César Hinostroza), esto ocasionaría las llamadas marchas contra la corrupción que exigen «que se vayan todos» refiriéndose a los políticos en general y al congreso en particular. El ahora presidente de la República Martín Vizcarra durante su discurso por fiestas patrias dijo que convocará un referéndum sobre la no reelección de congresistas y miembros de la Magistratura. El referéndum se dio y provocó una relativa tranquilidad con la victoria de la postura del oficialismo de Vizcarra.
* El quinto período o «quinta crisis» inició el 31 de diciembre de 2018 cuando el fiscal de la Nación Pedro Chávarry a horas del año nuevo de 2019 removió a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, encargados del caso de la política Keiko Fujimori y expresidente Alan García, ese mismo día se originó toda una carga mediática por parte del Gobierno liderado por el Presidente Vizcarra —incluido tanto sectores de la oposición y de la derecha e izquierda política— en contra de esa decisión y contra la propia figura del Fiscal, exigiendo su renuncia. La consecuencia, concretada el 2 de enero de 2019, fue la orden de Chávarry de reponer a los fiscales Pérez y Vela.
* El sexto período o «sexta crisis» empezó el 29 de mayo de 2019, cuando el presidente Vizcarra acusó al Congreso de demorar la aprobación de un paquete de reformas políticas (una de ellas, sobre la inmunidad parlamentaria, había sido archivada por la Comisión de Constitución sin mayor debate), y planteó una cuestión de confianza para la aprobación de seis de ellas en un plazo determinado. El Congreso aprobó la cuestión de confianza el 5 de junio de 2019 y agilizó la aprobación de los dictámenes, haciendo diversas modificaciones a los proyectos originales del Ejecutivo. El 25 de julio de 2019 quedaron todas aprobadas, aunque dos de ellas, por ser de carácter constitucional, quedaron pendientes de su aprobación final para una segunda legislatura.
* El séptimo período o «séptima crisis» empezó el 28 de julio de 2019, cuando a través de un mensaje a la Nación, Vizcarra señaló que uno de los proyectos medulares de la reforma política, el de la inmunidad parlamentaria (que buscaba que sea el Poder Judicial y no el mismo Congreso el que levantara dicha inmunidad), no se había aprobado en su esencia; también reprochó al Congreso que siguiera «blindando» al fiscal Chávarry y a otros personajes relacionados con los Cuellos Blancos del Puerto (caso CNM Audios). Frente a ese panorama, Vizcarra propuso el adelanto de las elecciones generales (para presidente y Congreso), cuya aprobación sugirió que podría hacerse a través de un referéndum. Luego de más de un mes de debates, la Comisión de Constitución del Congreso archivó el proyecto, al considerarlo anticonstitucional. A los pocos días, el Congreso tenía programada la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional; sin embargo, el Ejecutivo anunció que presentaría una nueva cuestión de confianza para modificar la Ley Orgánica del Tribunal, en lo referido al mecanismo de elección de dichos magistrados, a fin de garantizar su transparencia, y poder aplicarlo para la elección en curso. En la mañana de 30 de septiembre de 2019, el Congreso decidió continuar con la elección de los magistrados, eligiendo a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea y pospuso para la tarde del mismo día el debate de la cuestión de confianza. Mientras culminaba el debate y se aprobaba la cuestión de confianza, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, anunciando que disolvía el Congreso al considerar que se le había denegado de la confianza de manera fáctica al haber continuado con la elección de un magistrado. De acuerdo a la Constitución, cuando el Congreso niega la confianza por segunda vez al Ejecutivo, el presidente está facultado para disolver al Congreso (la primera negación de la confianza fue al gabinete Zavala, en el gobierno de Kuczynski, pues se considera al gobierno de Vizcarra como una prolongación de dicho gobierno). El Ejecutivo convocó a elecciones para un nuevo Congreso, que estuvo programado para enero de 2020. (es)
- La crisis política en Perú de 2017-2020 se refiere al período de inestabilidad política en la República del Perú que inició durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en septiembre de 2017 hasta su caída en marzo de 2018, reiniciándose en julio de 2018 bajo el gobierno de Martín Vizcarra (en la línea sucesoria por ser el primer vicepresidente), quien finalmente disolvió el Congreso de la República el 30 de septiembre de 2019. La característica fundamental de esta crisis fue la constante pugna del Ejecutivo con las fuerzas políticas opositoras del Congreso, encabezadas estas por el partido Fuerza Popular o partido fujimorista. El Ejecutivo acusó a este partido de realizar una labor obstruccionista y de oponerse a la reforma judicial y política, mientras que la oposición calificó al gobierno de incapaz, corrupto y con tendencia al autoritarismo de tipo castro-chavista. El origen de la crisis política se puede ubicar en tres sucesos coyunturales:
* El resultado de las elecciones generales de 2016, que llevó a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio, que ganó a Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, por un estrecho margen de ventaja. Pero el nuevo gobierno no logró obtener mayoría en el parlamento, ni siquiera la posibilidad de hacer un contrapeso con eventuales alianzas con otras fuerzas políticas minoritarias, pues su rival en las elecciones, el fujimorismo, obtuvo una aplastante mayoría, que lo llevó a tener el control del Congreso (73 congresistas sobre 130). Los agravios mutuos proferidos entre ambos competidores durante las elecciones llevó desde el primer momento a una confrontación entre ambos poderes, que fue creciendo al pasar el tiempo, pese a que desde el punto de vista ideológico no tuvieran mayor diferencia (ambos de centro-derecha).
* La revelación del departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso Odebrecht (parte de Lava Jato), en diciembre de 2016, que involucraba a importantes políticos y funcionarios de los gobiernos de Perú desde principios del siglo XXI, en casos de corrupción. La enérgica y decidida labor de un equipo de fiscales peruanos (entre ellos José Domingo Pérez) llevó adelante los procesos de investigación que involucró a expresidentes como Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, incluso al mismo presidente en ejercicio Pedro Pablo Kuczynski, así como a importantes líderes políticos en actividad como Keiko Fujimori. Sin embargo, se acusó sin mayores pruebas al Ejecutivo de controlar la fiscalía para redireccionar las investigaciones a políticos que le eran desafectos; de otro lado se acusó a la mayoría fujimorista aliada con el aprismo en el Congreso de «blindar» (proteger) a sus correligionarios investigados, específicamente a través de la Comisión Lava Jato. La prisión preventiva de la expareja presidencial Ollanta Humala-Nadine Heredia, la renuncia de Kuczynski a la presidencia, la prisión preventiva de Keiko Fujimori, el suicidio de Alan García, fueron los principales sucesos derivados de la investigación de Lava Jato que jalonaron este periodo, y que causaron mucha conmoción, acentuando la crisis política.
* El estallido del caso de corrupción judicial, llamado CNM Audios o Lava Juez (julio de 2018), gracias a la labor de dos fiscales del Callao, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro. A través de escuchas telefónicas legales, se revelaron supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucraban directamente a jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). A todos los involucrados, entre ellos el juez supremo César Hinostroza y el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, se les consideró como miembros de una organización criminal, que fue denominada como Los Cuellos Blancos del Puerto. Aunque se trataba de una investigación fiscal y judicial, el hecho desbordó a lo político cuando se acusó a la mayoría fujimorista y su aliado el aprismo del Congreso de pretender «blindar» a Hinostroza, Chávarry y otros involucrados, atizando más la pugna con el Ejecutivo, que se propuso, contra viento y marea, llevar adelante la reforma de la justicia y del Ministerio Público. La crisis política se puede dividir hasta ahora en siete períodos:
* El primer período o «primera crisis» se debió a una serie de eventos que desembocaron oficialmente el 15 de septiembre de 2017 en una fractura total del Estado en dos. Por un lado el Ejecutivo, denominado «oficialismo», liderado por el presidente elegido constitucionalmente Pedro Pablo Kuczynski y por el otro el Congreso de la República del Perú controlado en su mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular que se autodenomina «la oposición» dirigido por su líder Keiko Fujimori. El 13 de octubre el congreso de la República dominado por la oposición reanudó las relaciones con el oficialismo aunque de manera frágil.
* El segundo período o «segunda crisis» se debe a la falta de prestigio que perdió el presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski al ponerse al descubierto un supuesto conflicto de interés cuando fue ministro de Estado del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), ocasión en la que una de sus empresas unipersonales de consultoría había hecho servicios profesionales a la empresa Odebrecht y recibido sustanciosos pagos. Hasta entonces, PPK había negado constantemente haber mantenido relación laboral alguna con dicha empresa. Todo ello originó un primer pedido oficial vacancia presidencial por «incapacidad moral» según la constitución vigente (que sería por haber mentido reiteradamente sobre su relación con la empresa Odebrecht), que sin embargo no prosperó. Poco después, Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori, quien purgaba una pena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos. La decisión desencadenó protestas masivas en varias ciudades, la renuncia de tres de sus ministros y severas críticas de un amplio espectro de personalidades. Luego, el 28 de febrero de 2018 se aprobó por insistencia del APRA y del Fujimorismo la Ley Mulder que prohibía la publicidad estatal en medios privados y poco después sobrevino un segundo pedido de vacancia presidencial, promovida por la izquierda y apoyada por los fujimoristas de Fuerza Popular.
* El tercer período o «tercera crisis» inició unos días antes de debatirse en el Congreso el pedido de vacancia, cuando el 20 de marzo de 2018, los fujimoristas revelaron unos videos y audios donde se mostraba que operadores del gobierno, incluyendo un ministro de Estado, negociaban con un congresista de Fuerza Popular para comprar su voto en contra de la vacancia, a cambio de obras para su región. Al día siguiente, el presidente envió su carta de renuncia al Congreso, que fue aceptada el 23 de marzo de 2018. Ese mismo día juramentó como nuevo presidente el ingeniero Martín Vizcarra, por estar en la línea de sucesión al ser el primer Vicepresidente de la República.
* El cuarto período o «cuarta crisis» inició el 7 de julio de 2018 cuando el portal IDL-Reporteros sacó a la luz los CNM Audios, unas grabaciones que revelarían presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, pedidos y agradecimientos de favores o negociaciones de ascensos de funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (cuerpo del Ministerio Público que se relacionaría con diversas figuras públicas como políticos, empresarios y deportistas, encabezados por el abogado César Hinostroza), esto ocasionaría las llamadas marchas contra la corrupción que exigen «que se vayan todos» refiriéndose a los políticos en general y al congreso en particular. El ahora presidente de la República Martín Vizcarra durante su discurso por fiestas patrias dijo que convocará un referéndum sobre la no reelección de congresistas y miembros de la Magistratura. El referéndum se dio y provocó una relativa tranquilidad con la victoria de la postura del oficialismo de Vizcarra.
* El quinto período o «quinta crisis» inició el 31 de diciembre de 2018 cuando el fiscal de la Nación Pedro Chávarry a horas del año nuevo de 2019 removió a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, encargados del caso de la política Keiko Fujimori y expresidente Alan García, ese mismo día se originó toda una carga mediática por parte del Gobierno liderado por el Presidente Vizcarra —incluido tanto sectores de la oposición y de la derecha e izquierda política— en contra de esa decisión y contra la propia figura del Fiscal, exigiendo su renuncia. La consecuencia, concretada el 2 de enero de 2019, fue la orden de Chávarry de reponer a los fiscales Pérez y Vela.
* El sexto período o «sexta crisis» empezó el 29 de mayo de 2019, cuando el presidente Vizcarra acusó al Congreso de demorar la aprobación de un paquete de reformas políticas (una de ellas, sobre la inmunidad parlamentaria, había sido archivada por la Comisión de Constitución sin mayor debate), y planteó una cuestión de confianza para la aprobación de seis de ellas en un plazo determinado. El Congreso aprobó la cuestión de confianza el 5 de junio de 2019 y agilizó la aprobación de los dictámenes, haciendo diversas modificaciones a los proyectos originales del Ejecutivo. El 25 de julio de 2019 quedaron todas aprobadas, aunque dos de ellas, por ser de carácter constitucional, quedaron pendientes de su aprobación final para una segunda legislatura.
* El séptimo período o «séptima crisis» empezó el 28 de julio de 2019, cuando a través de un mensaje a la Nación, Vizcarra señaló que uno de los proyectos medulares de la reforma política, el de la inmunidad parlamentaria (que buscaba que sea el Poder Judicial y no el mismo Congreso el que levantara dicha inmunidad), no se había aprobado en su esencia; también reprochó al Congreso que siguiera «blindando» al fiscal Chávarry y a otros personajes relacionados con los Cuellos Blancos del Puerto (caso CNM Audios). Frente a ese panorama, Vizcarra propuso el adelanto de las elecciones generales (para presidente y Congreso), cuya aprobación sugirió que podría hacerse a través de un referéndum. Luego de más de un mes de debates, la Comisión de Constitución del Congreso archivó el proyecto, al considerarlo anticonstitucional. A los pocos días, el Congreso tenía programada la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional; sin embargo, el Ejecutivo anunció que presentaría una nueva cuestión de confianza para modificar la Ley Orgánica del Tribunal, en lo referido al mecanismo de elección de dichos magistrados, a fin de garantizar su transparencia, y poder aplicarlo para la elección en curso. En la mañana de 30 de septiembre de 2019, el Congreso decidió continuar con la elección de los magistrados, eligiendo a Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea y pospuso para la tarde del mismo día el debate de la cuestión de confianza. Mientras culminaba el debate y se aprobaba la cuestión de confianza, el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, anunciando que disolvía el Congreso al considerar que se le había denegado de la confianza de manera fáctica al haber continuado con la elección de un magistrado. De acuerdo a la Constitución, cuando el Congreso niega la confianza por segunda vez al Ejecutivo, el presidente está facultado para disolver al Congreso (la primera negación de la confianza fue al gabinete Zavala, en el gobierno de Kuczynski, pues se considera al gobierno de Vizcarra como una prolongación de dicho gobierno). El Ejecutivo convocó a elecciones para un nuevo Congreso, que estuvo programado para enero de 2020. (es)
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