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- La crisis política o golpe de Estado en Bolivia de 2019 se produjo el 10 de noviembre de dicho año después de 21 días de protestas civiles contra el gobierno del presidente Evo Morales, a quien un sector de la población acusaba de haber cometido un fraude electoral en las elecciones generales de octubre de ese año y haber participado como candidato presidencial en dichas elecciones, habilitada por un fallo favorable del Tribunal Supremo, en contra de lo decidido por la mayoría de la población en un referéndum constitucional cuyo resultado había rechazado esta posibilidad. Morales había anunciado por la mañana un llamado a nuevas elecciones, en virtud de las irregularidades denunciadas por la OEA al proceso electoral. Horas más tarde, el alto mando de las fuerzas armadas le sugirieron que renuncie, acción que el presidente tomó casi de inmediato. También renunciaron el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, entre otros funcionarios del MAS, incluyendo las renuncias de gobernadores de varios departamentos. El 11 de noviembre asumió la presidencia la senadora Jeanine Áñez, generando cuestionamientos sobre la legitimidad de su nombramiento, si bien éste fue avalado por la corte constitucional de Bolivia. Existen desacuerdos sobre la forma en que debe nombrarse a este episodio. Apoyan la idea de definirlo como un golpe de estado el presidente de México, Andrés López Obrador; el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el Poder Legislativo de ese país; el de Nicaragua, Daniel Ortega; el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la cancillería de Rusia. Coinciden en esta definición expresidentes latinoamericanos como Ollanta Humala de Perú, Lula da Silva de Brasil y José Mujica de Uruguay. También concuerdan algunos politólogos, como Andrés Malamud (Universidad de Lisboa), Juan Negri (Universidad de San Martín) y Jaime Yaffe. El Parlamento del Mercosur en tanto habló de «golpe cívico-militar» para referirse a lo ocurrido en Bolivia. Otra parte de los análisis políticos han rechazado la calificación de golpe de Estado, argumentando que fueron más bien las denuncias de fraude electoral fueron las que precipitaron la dimisión de Morales, y que la insurrección fue de carácter popular en respuesta a tal escenario, avivadas por la represión que suscitó el propio Morales. Realizan este rechazo el candidato presidencial Carlos Mesa y la oposición boliviana, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Brasil a través de su presidente Jair Bolsonaro, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien indicó, en contrarrespuesta, que «en Bolivia hubo un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió fraude electoral». El canciller de Argentina, Jorge Faurie, declaró públicamente el 11 de noviembre que «hay un vacío de poder» y que «no están los elementos para describir esto como un Golpe de Estado». Al respecto, la Organización de los Estados Americanos, a través de 15 de sus miembros (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela de Juan Guaidó), evitaron calificar de golpe lo sucedido en Bolivia, y la Unión Europea, a través de una votación en la Eurocámara, rechazaron llamarle golpe de estado, con resultado de 234 votos en contra, 41 a favor y 88 abstenciones. También algunos politólogos, como Eduardo Gamarra (Universidad de Pittsburgh), Escribà Folch (Universidad Pompeu Fabra) y Fabián Harari (Universidad de Buenos Aires), señalan que no hubo golpe. El 11 de noviembre el canciller de México Marcelo Ebrard, en nombre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Evo Morales había aceptado la propuesta de asilo político que López Obrador le había ofrecido horas posteriores a sugerencia de renuncia a la presidencia de Bolivia; permitiendo la salida del país del presidente. Se registraron daños a la vivienda de Evo Morales, así como de sus familiares y políticos aliados. En ausencia del presidente y del vicepresidente, la entonces segunda vicepresidenta de la cámara de senadores Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del Estado, según previsto en el orden constitucional (aunque sin aprobación legislativa, solo con el aval del Tribunal Supremo), el día 12 de noviembre. El día 20 de noviembre de 2019, diputados del partido MAS presentaron un proyecto de ley excepcional para las elecciones nacionales y subnacionales ante la cámara de Senadores, hecho que, según algunos medios, representó un reconocimiento de la gestión transitoria de Jeanine Áñez, conforme a la siguiente cita en el documento: "La investidura de la actual Presidenta del Estado, Jeanine Añez, surge de la sucesión constitucional, determinando como objetivo principal de su mandato, la convocatoria a elecciones generales del país, configurando inequívocamente su razón de legitimidad en el cumplimiento de este cometido, inexcusable por su naturaleza transitoria". (es)
- La crisis política o golpe de Estado en Bolivia de 2019 se produjo el 10 de noviembre de dicho año después de 21 días de protestas civiles contra el gobierno del presidente Evo Morales, a quien un sector de la población acusaba de haber cometido un fraude electoral en las elecciones generales de octubre de ese año y haber participado como candidato presidencial en dichas elecciones, habilitada por un fallo favorable del Tribunal Supremo, en contra de lo decidido por la mayoría de la población en un referéndum constitucional cuyo resultado había rechazado esta posibilidad. Morales había anunciado por la mañana un llamado a nuevas elecciones, en virtud de las irregularidades denunciadas por la OEA al proceso electoral. Horas más tarde, el alto mando de las fuerzas armadas le sugirieron que renuncie, acción que el presidente tomó casi de inmediato. También renunciaron el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, entre otros funcionarios del MAS, incluyendo las renuncias de gobernadores de varios departamentos. El 11 de noviembre asumió la presidencia la senadora Jeanine Áñez, generando cuestionamientos sobre la legitimidad de su nombramiento, si bien éste fue avalado por la corte constitucional de Bolivia. Existen desacuerdos sobre la forma en que debe nombrarse a este episodio. Apoyan la idea de definirlo como un golpe de estado el presidente de México, Andrés López Obrador; el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el Poder Legislativo de ese país; el de Nicaragua, Daniel Ortega; el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la cancillería de Rusia. Coinciden en esta definición expresidentes latinoamericanos como Ollanta Humala de Perú, Lula da Silva de Brasil y José Mujica de Uruguay. También concuerdan algunos politólogos, como Andrés Malamud (Universidad de Lisboa), Juan Negri (Universidad de San Martín) y Jaime Yaffe. El Parlamento del Mercosur en tanto habló de «golpe cívico-militar» para referirse a lo ocurrido en Bolivia. Otra parte de los análisis políticos han rechazado la calificación de golpe de Estado, argumentando que fueron más bien las denuncias de fraude electoral fueron las que precipitaron la dimisión de Morales, y que la insurrección fue de carácter popular en respuesta a tal escenario, avivadas por la represión que suscitó el propio Morales. Realizan este rechazo el candidato presidencial Carlos Mesa y la oposición boliviana, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Brasil a través de su presidente Jair Bolsonaro, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien indicó, en contrarrespuesta, que «en Bolivia hubo un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió fraude electoral». El canciller de Argentina, Jorge Faurie, declaró públicamente el 11 de noviembre que «hay un vacío de poder» y que «no están los elementos para describir esto como un Golpe de Estado». Al respecto, la Organización de los Estados Americanos, a través de 15 de sus miembros (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela de Juan Guaidó), evitaron calificar de golpe lo sucedido en Bolivia, y la Unión Europea, a través de una votación en la Eurocámara, rechazaron llamarle golpe de estado, con resultado de 234 votos en contra, 41 a favor y 88 abstenciones. También algunos politólogos, como Eduardo Gamarra (Universidad de Pittsburgh), Escribà Folch (Universidad Pompeu Fabra) y Fabián Harari (Universidad de Buenos Aires), señalan que no hubo golpe. El 11 de noviembre el canciller de México Marcelo Ebrard, en nombre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Evo Morales había aceptado la propuesta de asilo político que López Obrador le había ofrecido horas posteriores a sugerencia de renuncia a la presidencia de Bolivia; permitiendo la salida del país del presidente. Se registraron daños a la vivienda de Evo Morales, así como de sus familiares y políticos aliados. En ausencia del presidente y del vicepresidente, la entonces segunda vicepresidenta de la cámara de senadores Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del Estado, según previsto en el orden constitucional (aunque sin aprobación legislativa, solo con el aval del Tribunal Supremo), el día 12 de noviembre. El día 20 de noviembre de 2019, diputados del partido MAS presentaron un proyecto de ley excepcional para las elecciones nacionales y subnacionales ante la cámara de Senadores, hecho que, según algunos medios, representó un reconocimiento de la gestión transitoria de Jeanine Áñez, conforme a la siguiente cita en el documento: "La investidura de la actual Presidenta del Estado, Jeanine Añez, surge de la sucesión constitucional, determinando como objetivo principal de su mandato, la convocatoria a elecciones generales del país, configurando inequívocamente su razón de legitimidad en el cumplimiento de este cometido, inexcusable por su naturaleza transitoria". (es)
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