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- La crisis institucional de Venezuela, iniciada el 2017, son los hechos que la Asamblea Nacional venezolana y la Fiscalía General para entonces consideran una "ruptura del hilo constitucional" en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro, según la Sala Constitucional «hasta que persista la situación de desacato» del parlamento. Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos internacionales y de la región fue mayoritariamente negativa. Algunos calificaron dichas acciones como un "autogolpe de Estado" y que se estaba "disolviendo a la AN", lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país. Ante dichas acusaciones (y antes de la anulación de las sentencias), el TSJ afirmó que sus acciones no estaban disolviendo la Asamblea, sino que "estarían supliendo sus labores" hasta que ésta hiciera los procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP), manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal tachándolas de "ruptura del orden constitucional", lo que fue entendido como un "breve conflicto" entre los poderes públicos tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional. El presidente Maduro (quién calificó el roce entre el MP y el TSJ como un "impase") convocó a un Consejo de Seguridad de la Nación, para discutir la situación con los entes públicos (a excepción de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General), cumpliendo con el artículo 323 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, quien fue invitado a participar, no asistió La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien horas antes había catalogado el hecho como una "ruptura del orden constitucional”, tampoco asistió. Después de esta convocatoria el Tribunal Supremo de Justicia publicó una aclaración sobre las sentencias 155 y 156. Finalmente, el presidente Nicolás Maduro señaló este "impase" como una muestra de "plena independencia" de poderes en Venezuela, posición contrariada por analistas afines a la oposición para quienes la propia actuación de la sala constitucional del TSJ ante el Consejo de Defensa de la Nación ratificaba su falta de independencia. (es)
- La crisis institucional de Venezuela, iniciada el 2017, son los hechos que la Asamblea Nacional venezolana y la Fiscalía General para entonces consideran una "ruptura del hilo constitucional" en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro, según la Sala Constitucional «hasta que persista la situación de desacato» del parlamento. Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos internacionales y de la región fue mayoritariamente negativa. Algunos calificaron dichas acciones como un "autogolpe de Estado" y que se estaba "disolviendo a la AN", lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país. Ante dichas acusaciones (y antes de la anulación de las sentencias), el TSJ afirmó que sus acciones no estaban disolviendo la Asamblea, sino que "estarían supliendo sus labores" hasta que ésta hiciera los procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP), manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal tachándolas de "ruptura del orden constitucional", lo que fue entendido como un "breve conflicto" entre los poderes públicos tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional. El presidente Maduro (quién calificó el roce entre el MP y el TSJ como un "impase") convocó a un Consejo de Seguridad de la Nación, para discutir la situación con los entes públicos (a excepción de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General), cumpliendo con el artículo 323 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, quien fue invitado a participar, no asistió La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien horas antes había catalogado el hecho como una "ruptura del orden constitucional”, tampoco asistió. Después de esta convocatoria el Tribunal Supremo de Justicia publicó una aclaración sobre las sentencias 155 y 156. Finalmente, el presidente Nicolás Maduro señaló este "impase" como una muestra de "plena independencia" de poderes en Venezuela, posición contrariada por analistas afines a la oposición para quienes la propia actuación de la sala constitucional del TSJ ante el Consejo de Defensa de la Nación ratificaba su falta de independencia. (es)
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- Previo al 1 de abril de 2017
* La Sala Constitucional del TSJ se concede a sí misma la facultad de ejercer las funciones del Poder Legislativo Nacional o de designar a otras instituciones para ejercerlas.
* La Sala Constitucional dictamina limitaciones a la inmunidad parlamentaria.
* La Sala Constitucional faculta al Poder Ejecutivo Nacional para conformar empresas mixtas sin el aval constitucional del Poder Legislativo.
* El Secretario General de la OEA convoca a una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la organización.
* La Unión Europea pide que se reestablezca el orden constitucional en el país.
* La Asamblea Nacional, la Fiscal General de la República, la Conferencia Episcopal de Venezuela, Fedecamaras y asociaciones gremiales alegan ruptura del orden constitucional.
* El Presidente convoca a una reunión del Consejo de Defensa de la Nación.
Tras el 1 de abril de 2017
* La Sala Constitucional emite nuevas sentencias en las que "enmienda" aspectos controversiales de sus previas sentencias.
* La Asamblea Nacional solicita al Consejo Moral Republicano declarar "Falta Grave" a los magistrados del TSJ y convoca a una jornada nacional de protestas civiles.
* Cancilleres del Mercosur activan Cláusula Democrática del Organismo y solicitan activación de la CDI.
* Mayoría de países del Consejo Permanente de la OEA emiten comunicado conjunto en solicitud de "restitución" de garantías democráticas en Venezuela.
* Países del ALBA emiten comunicado conjunto en "defensa" del gobierno venezolano ante "pretensiones injerencistas".
* Convocatoria de Nicolás Maduro para una Asamblea constituyente, y posterior realización de esta el día 30 de julio. (es)
- Previo al 1 de abril de 2017
* La Sala Constitucional del TSJ se concede a sí misma la facultad de ejercer las funciones del Poder Legislativo Nacional o de designar a otras instituciones para ejercerlas.
* La Sala Constitucional dictamina limitaciones a la inmunidad parlamentaria.
* La Sala Constitucional faculta al Poder Ejecutivo Nacional para conformar empresas mixtas sin el aval constitucional del Poder Legislativo.
* El Secretario General de la OEA convoca a una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la organización.
* La Unión Europea pide que se reestablezca el orden constitucional en el país.
* La Asamblea Nacional, la Fiscal General de la República, la Conferencia Episcopal de Venezuela, Fedecamaras y asociaciones gremiales alegan ruptura del orden constitucional.
* El Presidente convoca a una reunión del Consejo de Defensa de la Nación.
Tras el 1 de abril de 2017
* La Sala Constitucional emite nuevas sentencias en las que "enmienda" aspectos controversiales de sus previas sentencias.
* La Asamblea Nacional solicita al Consejo Moral Republicano declarar "Falta Grave" a los magistrados del TSJ y convoca a una jornada nacional de protestas civiles.
* Cancilleres del Mercosur activan Cláusula Democrática del Organismo y solicitan activación de la CDI.
* Mayoría de países del Consejo Permanente de la OEA emiten comunicado conjunto en solicitud de "restitución" de garantías democráticas en Venezuela.
* Países del ALBA emiten comunicado conjunto en "defensa" del gobierno venezolano ante "pretensiones injerencistas".
* Convocatoria de Nicolás Maduro para una Asamblea constituyente, y posterior realización de esta el día 30 de julio. (es)
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- - presente (es)
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- Supreme Tribunal of Justice March 2017.png (es)
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- * Asamblea Nacional de Venezuela
*Vente Venezuela
*Resistencia de Venezuela
* Fiscalía General de Venezuela
* MUD
* Oposición venezolana
* Movimiento estudiantil
* OEA
* MERCOSUR
* Unión Europea
* Conferencia Episcopal de Venezuela
* Fedecámaras (Venezuela)
* Capitolio TV / Asamblea Nacional Televisión
* Internacional Socialista (es)
- * Tribunal Supremo de Justicia
* PSUV
* ALBA
* Gran Polo Patriótico Simón Bolívar
* Policía Nacional Bolivariana
* Guardia Nacional Bolivariana
* SEBIN
* Colectivos
* Fundación Audiovisual Nacional de Televisión ANTV
* Estudiantes oficialistas (es)
- * Asamblea Nacional de Venezuela
*Vente Venezuela
*Resistencia de Venezuela
* Fiscalía General de Venezuela
* MUD
* Oposición venezolana
* Movimiento estudiantil
* OEA
* MERCOSUR
* Unión Europea
* Conferencia Episcopal de Venezuela
* Fedecámaras (Venezuela)
* Capitolio TV / Asamblea Nacional Televisión
* Internacional Socialista (es)
- * Tribunal Supremo de Justicia
* PSUV
* ALBA
* Gran Polo Patriótico Simón Bolívar
* Policía Nacional Bolivariana
* Guardia Nacional Bolivariana
* SEBIN
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- Crisis institucional de Venezuela (es)
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- Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en marzo de 2017. (es)
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- La crisis institucional de Venezuela, iniciada el 2017, son los hechos que la Asamblea Nacional venezolana y la Fiscalía General para entonces consideran una "ruptura del hilo constitucional" en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro, según la Sala Constitucional «hasta que persista la situación de desacato» del parlamento. (es)
- La crisis institucional de Venezuela, iniciada el 2017, son los hechos que la Asamblea Nacional venezolana y la Fiscalía General para entonces consideran una "ruptura del hilo constitucional" en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro, según la Sala Constitucional «hasta que persista la situación de desacato» del parlamento. (es)
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- Crisis institucional de Venezuela (es)
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