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- El caso ERE (acrónimo de expediente de regulación de empleo), también llamado escándalo de los ERE en Andalucía, EREscándalo, EREgate o caso del fondo de reptiles, hace referencia al procedimiento judicial iniciado para enjuiciar los delitos cometidos por una red de corrupción política integrada en el seno de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) entre 1980 y 2018, y de los sindicatos Comisiones Obreras (CC. OO.) y Unión General de Trabajadores (U.G.T.). A su vez, U.G.T. está encausado en el denominado «» por la malversación de 48,7 millones de euros para financiarse ilegalmente, causa que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Sevilla. De acuerdo con la primera sentencia de esta «macrocausa», el fraude realizado en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009 asciende a un total de 680 millones de euros. No obstante, a falta de cuantificar el año 1999 y los ejercicios 2010 y 2011, se estima que dicha cantidad puede alcanzar los mil millones de euros. La mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz ha sido acusado por delitos de corrupción política. En la década previa al destape del caso, la Junta de Andalucía está acusada de diseñar, instaurar y ejecutar un plan para desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno, el PSOE-A. La patrimonialización de la Junta de Andalucía por parte del PSOE-A llegó hasta el punto de incumplir con la obligación legal de reclamar la cantidad defraudada en el proceso judicial, siendo consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero. Asimismo, el Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz ocultó a la Justicia documentos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que después se convertiría en la agencia pública «IDEA» (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), entre los que figura un convenio firmado en 1999 por el vicepresidente de la empresa Campofrío y el exdirector general del IFA, para la concesión de ayudas ilegales y en la que participó la entonces consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y actual vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, que prueban el fraude de los ERE. La Cámara de Cuentas de Andalucía, en sucesivos informes anuales, ha señalado la ausencia de control en la ejecución del gasto presupuestario por parte de la Junta de Andalucía . En el informe de 2017 se detectan que hay 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas pendientes de justificar. De acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en España las administraciones públicas destinan más de 14 mil millones de euros en subvenciones públicas con una «ausencia de planificación estratégica en las políticas públicas», sin coordinación y sin evaluación de la eficiencia del gasto. Los partidos políticos conceden muchas de las líneas de subvenciones a fondo perdido y sin competencia, es decir, a los particulares que éstos quieren. El sindicato más representativo del Cuerpo Técnico de Hacienda de la Administración General del Estado (Gestha), reprocha al Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, la falta de medios para controlar el gasto público. Integrando el grupo de las denominadas «macrocausas» (, , , y ), el caso ERE está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya instrucción fue inicialmente llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya y, tras ser apartada del caso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), fue sustituida por la juez , a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de «pasividad evidente» ante las prescripciones de los hechos de numerosos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, Por otra parte, la juez Núñez Bolaños acordó el 11 de octubre de 2016 sobreseer el «caso Formación» y el 23 de enero de 2017 devolvió toda la documentación —18.023 expedientes por importe de 2.896,48 millones de euros correspondientes a ayudas repartidas entre 2002 y 2012— a la Junta de Andalucía, sin embargo, en julio de 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó reabrir el caso. En junio de 2019, la juez Núñez Bolaños se dio de baja por motivos personales y fue sustituida por el juez , que se había incorporado como refuerzo del juzgado el 1 de febrero de 2016 y que hasta ese momento se encargaba de los asuntos ordinarios. En julio de 2019, bajo la jefatura de , la Fiscalía Anticorrupción denunció a la jueza Núñez Bolaños ante el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) por dilatar las investigaciones. Al mismo tiempo, su marido, el médico forense Julio Guija Villa, accede a una jefatura en la Junta de Andalucía como cargo de libre designación para dirigir el Instituto de Medicina Legal de Sevilla (que él mismo sugirió crear) con una sustancial subida salarial. En una entrevista concedida al periódico ABC, la juez Mercedes Alaya dijo que PSOE y PP votaron en el CGPJ «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde habían encontrado hechos «sumamente graves». Y en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid, afirmó lo siguiente: «Tenemos al poder político metido en el poder judicial». La Junta de Andalucía, que se personó como acusación particular, en su escrito de acusación exculpó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, en julio de 2019 y en una decisión sin precedentes, acusó a , exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo y testigo clave que rebatió la supuesta ignorancia esgrimida por los expresidentes citados, como responsable de un menoscabo de fondos públicos. El nuevo gobierno andaluz ordenó el pago de al menos 924 mil euros a una veintena de procesados en la causa judicial para costear sus defensas. El 15 de diciembre de 2019, el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez intervino financieramente a la Junta de Andalucía por incumplir la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2018, cuando el PSOE-A aún se encontraba al frente del gobierno autonómico presidido por Susana Díaz, cuyas cuentas fueron elaboradas por la entonces consejera de Hacienda de Andalucía y en la actualidad ministra de Hacienda de España en funciones, María Jesús Montero. (es)
- El caso ERE (acrónimo de expediente de regulación de empleo), también llamado escándalo de los ERE en Andalucía, EREscándalo, EREgate o caso del fondo de reptiles, hace referencia al procedimiento judicial iniciado para enjuiciar los delitos cometidos por una red de corrupción política integrada en el seno de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) entre 1980 y 2018, y de los sindicatos Comisiones Obreras (CC. OO.) y Unión General de Trabajadores (U.G.T.). A su vez, U.G.T. está encausado en el denominado «» por la malversación de 48,7 millones de euros para financiarse ilegalmente, causa que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Sevilla. De acuerdo con la primera sentencia de esta «macrocausa», el fraude realizado en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009 asciende a un total de 680 millones de euros. No obstante, a falta de cuantificar el año 1999 y los ejercicios 2010 y 2011, se estima que dicha cantidad puede alcanzar los mil millones de euros. La mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz ha sido acusado por delitos de corrupción política. En la década previa al destape del caso, la Junta de Andalucía está acusada de diseñar, instaurar y ejecutar un plan para desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno, el PSOE-A. La patrimonialización de la Junta de Andalucía por parte del PSOE-A llegó hasta el punto de incumplir con la obligación legal de reclamar la cantidad defraudada en el proceso judicial, siendo consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero. Asimismo, el Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz ocultó a la Justicia documentos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que después se convertiría en la agencia pública «IDEA» (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), entre los que figura un convenio firmado en 1999 por el vicepresidente de la empresa Campofrío y el exdirector general del IFA, para la concesión de ayudas ilegales y en la que participó la entonces consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y actual vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, que prueban el fraude de los ERE. La Cámara de Cuentas de Andalucía, en sucesivos informes anuales, ha señalado la ausencia de control en la ejecución del gasto presupuestario por parte de la Junta de Andalucía . En el informe de 2017 se detectan que hay 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas pendientes de justificar. De acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en España las administraciones públicas destinan más de 14 mil millones de euros en subvenciones públicas con una «ausencia de planificación estratégica en las políticas públicas», sin coordinación y sin evaluación de la eficiencia del gasto. Los partidos políticos conceden muchas de las líneas de subvenciones a fondo perdido y sin competencia, es decir, a los particulares que éstos quieren. El sindicato más representativo del Cuerpo Técnico de Hacienda de la Administración General del Estado (Gestha), reprocha al Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, la falta de medios para controlar el gasto público. Integrando el grupo de las denominadas «macrocausas» (, , , y ), el caso ERE está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya instrucción fue inicialmente llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya y, tras ser apartada del caso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), fue sustituida por la juez , a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de «pasividad evidente» ante las prescripciones de los hechos de numerosos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, Por otra parte, la juez Núñez Bolaños acordó el 11 de octubre de 2016 sobreseer el «caso Formación» y el 23 de enero de 2017 devolvió toda la documentación —18.023 expedientes por importe de 2.896,48 millones de euros correspondientes a ayudas repartidas entre 2002 y 2012— a la Junta de Andalucía, sin embargo, en julio de 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó reabrir el caso. En junio de 2019, la juez Núñez Bolaños se dio de baja por motivos personales y fue sustituida por el juez , que se había incorporado como refuerzo del juzgado el 1 de febrero de 2016 y que hasta ese momento se encargaba de los asuntos ordinarios. En julio de 2019, bajo la jefatura de , la Fiscalía Anticorrupción denunció a la jueza Núñez Bolaños ante el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) por dilatar las investigaciones. Al mismo tiempo, su marido, el médico forense Julio Guija Villa, accede a una jefatura en la Junta de Andalucía como cargo de libre designación para dirigir el Instituto de Medicina Legal de Sevilla (que él mismo sugirió crear) con una sustancial subida salarial. En una entrevista concedida al periódico ABC, la juez Mercedes Alaya dijo que PSOE y PP votaron en el CGPJ «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde habían encontrado hechos «sumamente graves». Y en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid, afirmó lo siguiente: «Tenemos al poder político metido en el poder judicial». La Junta de Andalucía, que se personó como acusación particular, en su escrito de acusación exculpó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, en julio de 2019 y en una decisión sin precedentes, acusó a , exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo y testigo clave que rebatió la supuesta ignorancia esgrimida por los expresidentes citados, como responsable de un menoscabo de fondos públicos. El nuevo gobierno andaluz ordenó el pago de al menos 924 mil euros a una veintena de procesados en la causa judicial para costear sus defensas. El 15 de diciembre de 2019, el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez intervino financieramente a la Junta de Andalucía por incumplir la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2018, cuando el PSOE-A aún se encontraba al frente del gobierno autonómico presidido por Susana Díaz, cuyas cuentas fueron elaboradas por la entonces consejera de Hacienda de Andalucía y en la actualidad ministra de Hacienda de España en funciones, María Jesús Montero. (es)
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