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- Varias sanciones durante la crisis en Venezuela han sido aplicadas contra individuos por gobiernos extranjeros durante la presidencia de Nicolás Maduro como respuesta a la represión de las protestas en Venezuela de 2014 y las protestas de 2017, así como también las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el adelanto y celebración de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral y la ANC. Las sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de la ANC, miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad y empresas privadas acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de derecho y represión de la democracia. Para marzo de 2018, la oficina de Washington para Latinoamérica declaró que 78 venezolanos asociados con Maduro habían sido sancionados por diversos países. En abril de 2019, los Estados Unidos sancionó a más de 150 empresas, embarcaciones e individuos, además de revocar las visas de 718 individuos asociados con Maduro. Las sanciones incluyeron el congelamiento de las cuentas y bienes de los individuos, la prohibición de transacciones con los mismos, confiscación de bienes, embargos de armas y prohibiciones de viaje. David Smolansky ha declarado que las sanciones se enfocaban en Maduro y en las élites del chavismo, mientras que tenían poco impacto en los venezolanos promedio, y The Washington Post describió que las carencias en Venezuela preceden desde hace mucho las sanciones de Estados Unidas impuestas recientemente. Durante la crisis presidencial de Venezuela, Estados Unidos aplicó sanciones adicionales a las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca. Un reporte de las Naciones Unidas reporta que a pesar de que las nuevas sanciones podían empeorar la crisis en Venezuela, "la crisis socioeconómica llevaba varios años desarrollándose previo a la imposición de las sanciones". En abril de 2019, Human Rights Watch y la Facultad de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg publicaron un reporte conjunto observando que las sanciones iniciales no estaban dirigidas a la economía venezolana de ninguna manera, agregando que las sanciones impuestas en 2019 podían empeorar la situación, pero que "la crisis las precedía". (es)
- Varias sanciones durante la crisis en Venezuela han sido aplicadas contra individuos por gobiernos extranjeros durante la presidencia de Nicolás Maduro como respuesta a la represión de las protestas en Venezuela de 2014 y las protestas de 2017, así como también las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el adelanto y celebración de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral y la ANC. Las sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de la ANC, miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad y empresas privadas acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de derecho y represión de la democracia. Para marzo de 2018, la oficina de Washington para Latinoamérica declaró que 78 venezolanos asociados con Maduro habían sido sancionados por diversos países. En abril de 2019, los Estados Unidos sancionó a más de 150 empresas, embarcaciones e individuos, además de revocar las visas de 718 individuos asociados con Maduro. Las sanciones incluyeron el congelamiento de las cuentas y bienes de los individuos, la prohibición de transacciones con los mismos, confiscación de bienes, embargos de armas y prohibiciones de viaje. David Smolansky ha declarado que las sanciones se enfocaban en Maduro y en las élites del chavismo, mientras que tenían poco impacto en los venezolanos promedio, y The Washington Post describió que las carencias en Venezuela preceden desde hace mucho las sanciones de Estados Unidas impuestas recientemente. Durante la crisis presidencial de Venezuela, Estados Unidos aplicó sanciones adicionales a las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca. Un reporte de las Naciones Unidas reporta que a pesar de que las nuevas sanciones podían empeorar la crisis en Venezuela, "la crisis socioeconómica llevaba varios años desarrollándose previo a la imposición de las sanciones". En abril de 2019, Human Rights Watch y la Facultad de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg publicaron un reporte conjunto observando que las sanciones iniciales no estaban dirigidas a la economía venezolana de ninguna manera, agregando que las sanciones impuestas en 2019 podían empeorar la situación, pero que "la crisis las precedía". (es)
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- Varias sanciones durante la crisis en Venezuela han sido aplicadas contra individuos por gobiernos extranjeros durante la presidencia de Nicolás Maduro como respuesta a la represión de las protestas en Venezuela de 2014 y las protestas de 2017, así como también las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el adelanto y celebración de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral y la ANC. Las sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de la ANC, miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad y empresas privadas acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de derecho y represión de la democr (es)
- Varias sanciones durante la crisis en Venezuela han sido aplicadas contra individuos por gobiernos extranjeros durante la presidencia de Nicolás Maduro como respuesta a la represión de las protestas en Venezuela de 2014 y las protestas de 2017, así como también las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el adelanto y celebración de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral y la ANC. Las sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de la ANC, miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad y empresas privadas acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de derecho y represión de la democr (es)
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