El referéndum de independencia de Cataluña de 2017, también conocido por el numerónimo 1-O, fue un referéndum de autodeterminación, constitucionalmente ilegal, convocado por el Gobierno de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017​​ y finalmente celebrado de manera irregular en la comunidad autónoma española de Cataluña el 1 de octubre de 2017.​

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  • El referéndum de independencia de Cataluña de 2017, también conocido por el numerónimo 1-O, fue un referéndum de autodeterminación, constitucionalmente ilegal, convocado por el Gobierno de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017​​ y finalmente celebrado de manera irregular en la comunidad autónoma española de Cataluña el 1 de octubre de 2017.​ La ley del Referéndum que lo haría posible, fue aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, en un pleno rodeado de una fuerte polémica.​ Dicha ley establece que el referéndum es vinculante y que se proclamará la independencia dos días después de la publicación de los resultados oficiales si el «sí» obtiene más votos que el «no», sin requerir una participación mínima.​ Los partidos de la oposición se negaron a votar dicha ley,​ excepto Catalunya Sí que es Pot, que se abstuvo.​ La ley es ilegal por ir en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que requiere una mayoría de dos tercios en el Parlamento catalán para cualquier cambio en el estatus de Cataluña.​ El referéndum efectuado por la Generalidad es ilegal según la Constitución y legislación españolas al no cumplir los requisitos establecidos en las mismas.​ Previamente el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano creado por la Generalidad de Cataluña, calificó de ilegal un referéndum unilateral.​ La ley fue suspendida cautelarmente al día siguiente por el Tribunal Constitucional,​ órgano al que Puigdemont, el presidente de la Generalidad, afirmó que ignoraría.​ Fue finalmente declarada inconstitucional por unanimidad de los magistrados del Tribunal Constitucional el 17 de octubre de ese mismo año, al entender el tribunal que la norma invadía competencias estatales y vulneraba la supremacía de la Constitución, la indisoluble unidad de la Nación española y la soberanía nacional.​ La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitó a la Guardia Civil, Mozos de Escuadra, Policía Nacional y policías locales que incautasen el material relacionado con el referéndum,​ a pesar de lo cual no se pudo requisar todo el material.​ La pregunta del referéndum, que los votantes debían responder con un «Sí» o «No», fue «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?». El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Jordi Turull, informó el día de las votaciones que el apoyo a la independencia superó el 90 % y que 400 colegios electorales fueron cerrados, precintados o intervenidos en la celebración, dando los resultados provisionales con un 95 % de votos escrutados.​ El resultado final con el 100 % de votos escrutados, no lo dio la Generalidad de Cataluña hasta el día 6 de octubre, contabilizando un total de 2 262 424 papeletas con 2 020 144 votos por el «sí» y 176 565 votos por el «no», con una participación del 43,03 %.​ Sin embargo dichos resultados fueron ampliamente cuestionados tanto por las irregularidades detectadas durante el proceso,​ como por la falta de coherencia entre los resultados provisionales dados el día de la votación y los resultados definitivos publicados cinco días más tarde,​ así como por la falta de ratificación por un órgano independiente.​ Los resultados provisionales publicados el día del referéndum no muestran diferencias importantes con respecto a la anterior consulta del 9N, en la que al igual que en esta, la mayoría de los contrarios a la independencia no participaron. Igualmente el resultado de votos favorables es similar al alcanzado por los partidos independentistas en las últimas elecciones catalanas de 2015, que fueron planteadas como plebiscitarias y en las que los independentistas no consiguieron la mayoría de los votos, aunque sí de escaños.​ El día de la votación se produjeron cargas policiales. Según el Gobierno de la Generalidad, 893 civiles fueron atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña tras la actuación policial.​ La mayoría de los heridos era de carácter leve, aunque cuatro personas requirieron hospitalización, dos de ellas de carácter grave.​​ El juez que investigó el caso por la denuncia presentada por la Generalidad estableció en 130 el número de heridos por las cargas policiales.​ A su vez, de acuerdo con el Ministerio del Interior, 431 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil resultaron heridos, 39 de los cuales requirieron tratamiento médico inmediato. Los 392 restantes sufrieron heridas por contusiones, arañazos, patadas o mordiscos propinados por los manifestantes.​ Los observadores internacionales consideraron que la ley que posibilitaba el referéndum no cumplió una serie de buenas prácticas, y que el referéndum no pudo cumplir los estándares internacionales debido a las circunstancias adversas en que tuvo lugar y a la violencia policial.​​​ La Comisión Europea corroboró su ilegalidad.​ (es)
  • El referéndum de independencia de Cataluña de 2017, también conocido por el numerónimo 1-O, fue un referéndum de autodeterminación, constitucionalmente ilegal, convocado por el Gobierno de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017​​ y finalmente celebrado de manera irregular en la comunidad autónoma española de Cataluña el 1 de octubre de 2017.​ La ley del Referéndum que lo haría posible, fue aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, en un pleno rodeado de una fuerte polémica.​ Dicha ley establece que el referéndum es vinculante y que se proclamará la independencia dos días después de la publicación de los resultados oficiales si el «sí» obtiene más votos que el «no», sin requerir una participación mínima.​ Los partidos de la oposición se negaron a votar dicha ley,​ excepto Catalunya Sí que es Pot, que se abstuvo.​ La ley es ilegal por ir en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que requiere una mayoría de dos tercios en el Parlamento catalán para cualquier cambio en el estatus de Cataluña.​ El referéndum efectuado por la Generalidad es ilegal según la Constitución y legislación españolas al no cumplir los requisitos establecidos en las mismas.​ Previamente el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano creado por la Generalidad de Cataluña, calificó de ilegal un referéndum unilateral.​ La ley fue suspendida cautelarmente al día siguiente por el Tribunal Constitucional,​ órgano al que Puigdemont, el presidente de la Generalidad, afirmó que ignoraría.​ Fue finalmente declarada inconstitucional por unanimidad de los magistrados del Tribunal Constitucional el 17 de octubre de ese mismo año, al entender el tribunal que la norma invadía competencias estatales y vulneraba la supremacía de la Constitución, la indisoluble unidad de la Nación española y la soberanía nacional.​ La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitó a la Guardia Civil, Mozos de Escuadra, Policía Nacional y policías locales que incautasen el material relacionado con el referéndum,​ a pesar de lo cual no se pudo requisar todo el material.​ La pregunta del referéndum, que los votantes debían responder con un «Sí» o «No», fue «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?». El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Jordi Turull, informó el día de las votaciones que el apoyo a la independencia superó el 90 % y que 400 colegios electorales fueron cerrados, precintados o intervenidos en la celebración, dando los resultados provisionales con un 95 % de votos escrutados.​ El resultado final con el 100 % de votos escrutados, no lo dio la Generalidad de Cataluña hasta el día 6 de octubre, contabilizando un total de 2 262 424 papeletas con 2 020 144 votos por el «sí» y 176 565 votos por el «no», con una participación del 43,03 %.​ Sin embargo dichos resultados fueron ampliamente cuestionados tanto por las irregularidades detectadas durante el proceso,​ como por la falta de coherencia entre los resultados provisionales dados el día de la votación y los resultados definitivos publicados cinco días más tarde,​ así como por la falta de ratificación por un órgano independiente.​ Los resultados provisionales publicados el día del referéndum no muestran diferencias importantes con respecto a la anterior consulta del 9N, en la que al igual que en esta, la mayoría de los contrarios a la independencia no participaron. Igualmente el resultado de votos favorables es similar al alcanzado por los partidos independentistas en las últimas elecciones catalanas de 2015, que fueron planteadas como plebiscitarias y en las que los independentistas no consiguieron la mayoría de los votos, aunque sí de escaños.​ El día de la votación se produjeron cargas policiales. Según el Gobierno de la Generalidad, 893 civiles fueron atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña tras la actuación policial.​ La mayoría de los heridos era de carácter leve, aunque cuatro personas requirieron hospitalización, dos de ellas de carácter grave.​​ El juez que investigó el caso por la denuncia presentada por la Generalidad estableció en 130 el número de heridos por las cargas policiales.​ A su vez, de acuerdo con el Ministerio del Interior, 431 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil resultaron heridos, 39 de los cuales requirieron tratamiento médico inmediato. Los 392 restantes sufrieron heridas por contusiones, arañazos, patadas o mordiscos propinados por los manifestantes.​ Los observadores internacionales consideraron que la ley que posibilitaba el referéndum no cumplió una serie de buenas prácticas, y que el referéndum no pudo cumplir los estándares internacionales debido a las circunstancias adversas en que tuvo lugar y a la violencia policial.​​​ La Comisión Europea corroboró su ilegalidad.​ (es)
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  • Proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña de 2014 (es)
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  • ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? (es)
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  • Los entresijos del ‘procés’ (es)
  • Recurso de inconstitucionalidad n.º 4334-2017, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación. (es)
  • DECRETO 140/2017, de 6 de septiembre, de normas complementarias para la realización del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña (es)
  • AUTO 24/2017, de 14 de febrero, que Declara la nulidad de la resolución del Parlamento de Cataluña titulada “Referéndum" (es)
  • LEY 19/2017, de 6 de septiembre, del referèndum de autodeterminación (es)
  • DECRETO 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña (es)
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