Las protestas en Chile, también conocidas como «Estallido social en Chile», «Chile despertó», «Crisis en Chile de 2019», y «Revolución de los 30 pesos»,​​​​ corresponden a una serie de manifestaciones y disturbios originados en Santiago y propagados a todas las regiones de Chile, con mayor impacto en las principales ciudades, como el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, desarrolladas principalmente entre octubre de 2019 y febrero de 2020.​

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  • Las protestas en Chile, también conocidas como «Estallido social en Chile», «Chile despertó», «Crisis en Chile de 2019», y «Revolución de los 30 pesos»,​​​​ corresponden a una serie de manifestaciones y disturbios originados en Santiago y propagados a todas las regiones de Chile, con mayor impacto en las principales ciudades, como el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, desarrolladas principalmente entre octubre de 2019 y febrero de 2020.​ La causa inmediata de estos sucesos fue el alza en la tarifa del sistema público de transporte de Santiago, que entró en vigor el domingo 6 de octubre de 2019. Tras el aumento de las tarifas, centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el Metro de Santiago.​ Con el paso de los días, el número de evasores aumentó y se registraron incidentes dentro de las estaciones del ferrocarril subterráneo. La situación se agravó el día viernes 18 de octubre de 2019,​ cuando progresivamente fueron cesadas las operaciones de toda la red subterránea por el enfrentamiento de la multitud con Carabineros, lo cual llevó al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, a interponer querellas por delitos contemplados por la Ley de Seguridad del Estado contra quienes hubieren cometido daños, saqueos e incendios. Como consecuencia de ello, la noche del viernes 18 de octubre comenzaron a aparecer varios focos de protestas, saqueos y disturbios violentos a lo largo del país, por lo cual, en la madrugada del día sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en las comunas del Gran Santiago, y toque de queda a partir de la noche del sábado 19.​​ La situación se extendió pocas horas después a otras cinco regiones del país y ya para el día 23, el estado de emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales.​ De acuerdo a varios analistas, las protestas se han caracterizado por ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social, desde la clase baja a la media alta.​ Aunque la causa inmediata puede atribuirse al alza tarifaria del transporte público, las concentraciones populares pronto expusieron sus causas mediatas: el alto costo de la vida (hasta 2019 Santiago es la segunda ciudad más onerosa de Latinoamérica),​ bajas pensiones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, y un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución de ese país.​​ Tanto por el nivel de daño a la infraestructura pública, el número de manifestantes, cuanto por las medidas adoptadas por el gobierno, las protestas han sido catalogadas como el «peor malestar civil» ocurrido en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.​ Hasta el momento se han confirmado , principalmente asociados a incendios (15 casos), enfrentamientos entre ciudadanos (7 casos), o con uniformados (5 casos);​ además hay más de 3400 civiles hospitalizados producto de los enfrentamientos,​ y 2000 carabineros lesionados en distintos grados.​​ El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha identificado más de 3400 civiles hospitalizados durante el movimiento, mientras que ha cifrado en 8812 los detenidos que han logrado visitar;​ además, ha denunciado casos de torturas y otras vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden.​ Las investigaciones realizadas por organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han determinado la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado chileno;​​​ el gobierno, en tanto, ha reconocido la existencia de algunos casos puntuales de exceso policial pero ha descartado la ocurrencia sistemática de estos.​​ Las pérdidas económicas de estas protestas se estiman en 3300 millones de dólares, considerando daños a la propiedad pública y privada.​​ mientras 100 000 a 300 000 puestos de trabajo se habrían perdido.​​​ El peso chileno sufrió una fuerte devaluación, pasando de CL$ 710 previo a la crisis a un máximo histórico de CL$ 838,33 por dólar a mediados de noviembre de 2019.​​​ También se estima que las protestas restarán un punto porcentual de crecimiento económico para el país entre 2019 y 2020.​ En respuesta a las manifestaciones, el gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado una serie de medidas, denominada «Nueva Agenda Social», que incluye medidas relacionadas a las pensiones, la salud, los salarios y la administración pública.​ De igual forma, ha promovido una agenda de seguridad que incluye proyectos antivandalismo y de reconstrucción. El 15 de noviembre, un acuerdo transversal entre Gobierno y Congreso, y firmado por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, acordó la convocatoria a un plebiscito nacional en abril de 2020, posteriormente reprogramado para octubre,​ para definir si se redactará una nueva Constitución Política y qué mecanismo será utilizado.​ (es)
  • Las protestas en Chile, también conocidas como «Estallido social en Chile», «Chile despertó», «Crisis en Chile de 2019», y «Revolución de los 30 pesos»,​​​​ corresponden a una serie de manifestaciones y disturbios originados en Santiago y propagados a todas las regiones de Chile, con mayor impacto en las principales ciudades, como el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, desarrolladas principalmente entre octubre de 2019 y febrero de 2020.​ La causa inmediata de estos sucesos fue el alza en la tarifa del sistema público de transporte de Santiago, que entró en vigor el domingo 6 de octubre de 2019. Tras el aumento de las tarifas, centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el Metro de Santiago.​ Con el paso de los días, el número de evasores aumentó y se registraron incidentes dentro de las estaciones del ferrocarril subterráneo. La situación se agravó el día viernes 18 de octubre de 2019,​ cuando progresivamente fueron cesadas las operaciones de toda la red subterránea por el enfrentamiento de la multitud con Carabineros, lo cual llevó al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, a interponer querellas por delitos contemplados por la Ley de Seguridad del Estado contra quienes hubieren cometido daños, saqueos e incendios. Como consecuencia de ello, la noche del viernes 18 de octubre comenzaron a aparecer varios focos de protestas, saqueos y disturbios violentos a lo largo del país, por lo cual, en la madrugada del día sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en las comunas del Gran Santiago, y toque de queda a partir de la noche del sábado 19.​​ La situación se extendió pocas horas después a otras cinco regiones del país y ya para el día 23, el estado de emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales.​ De acuerdo a varios analistas, las protestas se han caracterizado por ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social, desde la clase baja a la media alta.​ Aunque la causa inmediata puede atribuirse al alza tarifaria del transporte público, las concentraciones populares pronto expusieron sus causas mediatas: el alto costo de la vida (hasta 2019 Santiago es la segunda ciudad más onerosa de Latinoamérica),​ bajas pensiones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud, y un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución de ese país.​​ Tanto por el nivel de daño a la infraestructura pública, el número de manifestantes, cuanto por las medidas adoptadas por el gobierno, las protestas han sido catalogadas como el «peor malestar civil» ocurrido en Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.​ Hasta el momento se han confirmado , principalmente asociados a incendios (15 casos), enfrentamientos entre ciudadanos (7 casos), o con uniformados (5 casos);​ además hay más de 3400 civiles hospitalizados producto de los enfrentamientos,​ y 2000 carabineros lesionados en distintos grados.​​ El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha identificado más de 3400 civiles hospitalizados durante el movimiento, mientras que ha cifrado en 8812 los detenidos que han logrado visitar;​ además, ha denunciado casos de torturas y otras vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden.​ Las investigaciones realizadas por organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han determinado la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado chileno;​​​ el gobierno, en tanto, ha reconocido la existencia de algunos casos puntuales de exceso policial pero ha descartado la ocurrencia sistemática de estos.​​ Las pérdidas económicas de estas protestas se estiman en 3300 millones de dólares, considerando daños a la propiedad pública y privada.​​ mientras 100 000 a 300 000 puestos de trabajo se habrían perdido.​​​ El peso chileno sufrió una fuerte devaluación, pasando de CL$ 710 previo a la crisis a un máximo histórico de CL$ 838,33 por dólar a mediados de noviembre de 2019.​​​ También se estima que las protestas restarán un punto porcentual de crecimiento económico para el país entre 2019 y 2020.​ En respuesta a las manifestaciones, el gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado una serie de medidas, denominada «Nueva Agenda Social», que incluye medidas relacionadas a las pensiones, la salud, los salarios y la administración pública.​ De igual forma, ha promovido una agenda de seguridad que incluye proyectos antivandalismo y de reconstrucción. El 15 de noviembre, un acuerdo transversal entre Gobierno y Congreso, y firmado por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, acordó la convocatoria a un plebiscito nacional en abril de 2020, posteriormente reprogramado para octubre,​ para definir si se redactará una nueva Constitución Política y qué mecanismo será utilizado.​ (es)
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  • Las protestas en Chile, también conocidas como «Estallido social en Chile», «Chile despertó», «Crisis en Chile de 2019», y «Revolución de los 30 pesos»,​​​​ corresponden a una serie de manifestaciones y disturbios originados en Santiago y propagados a todas las regiones de Chile, con mayor impacto en las principales ciudades, como el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, desarrolladas principalmente entre octubre de 2019 y febrero de 2020.​ (es)
  • Las protestas en Chile, también conocidas como «Estallido social en Chile», «Chile despertó», «Crisis en Chile de 2019», y «Revolución de los 30 pesos»,​​​​ corresponden a una serie de manifestaciones y disturbios originados en Santiago y propagados a todas las regiones de Chile, con mayor impacto en las principales ciudades, como el Gran Valparaíso, Gran Concepción, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Chillán, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas, desarrolladas principalmente entre octubre de 2019 y febrero de 2020.​ (es)
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  • Protestas en Chile de 2019-2020 (es)
  • Protestas en Chile de 2019-2020 (es)
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