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- La ley de consultas de Cataluña, oficialmente Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, es una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña el 19 de septiembre de 2014 que pretende amparar legalmente la consulta sobre el futuro político de Cataluña prevista para el 9 de noviembre y que el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, considera que vulnera la Constitución española de 1978. Entró en vigor el 27 de septiembre, al ser publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (en catalán, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), y ese mismo día el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, firmó el decreto de convocatoria de la consulta en un acto celebrado en el Palacio de la Generalidad en el que estuvieron presentes representantes de tres de las cuatro fuerzas políticas catalanas que la apoyan, CiU, ERC y CUP. La ley de consultas desarrolla el artículo 122 del Estatuto de Autonomía, que permite al gobierno de la Generalidad realizar consultas, sin carácter vinculante, a los ciudadanos catalanes. Dicho artículo prevé la competencia exclusiva de la Generalidad para regular la convocatoria, tanto por la propia institución, como por entes locales «en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución» (que determina que es competencia exclusiva del Estado la autorización de consultas populares por vía de referéndum). (es)
- La ley de consultas de Cataluña, oficialmente Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, es una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña el 19 de septiembre de 2014 que pretende amparar legalmente la consulta sobre el futuro político de Cataluña prevista para el 9 de noviembre y que el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, considera que vulnera la Constitución española de 1978. Entró en vigor el 27 de septiembre, al ser publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (en catalán, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), y ese mismo día el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, firmó el decreto de convocatoria de la consulta en un acto celebrado en el Palacio de la Generalidad en el que estuvieron presentes representantes de tres de las cuatro fuerzas políticas catalanas que la apoyan, CiU, ERC y CUP. La ley de consultas desarrolla el artículo 122 del Estatuto de Autonomía, que permite al gobierno de la Generalidad realizar consultas, sin carácter vinculante, a los ciudadanos catalanes. Dicho artículo prevé la competencia exclusiva de la Generalidad para regular la convocatoria, tanto por la propia institución, como por entes locales «en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución» (que determina que es competencia exclusiva del Estado la autorización de consultas populares por vía de referéndum). (es)
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- La ley de consultas de Cataluña, oficialmente Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, es una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña el 19 de septiembre de 2014 que pretende amparar legalmente la consulta sobre el futuro político de Cataluña prevista para el 9 de noviembre y que el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, considera que vulnera la Constitución española de 1978. (es)
- La ley de consultas de Cataluña, oficialmente Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, es una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña el 19 de septiembre de 2014 que pretende amparar legalmente la consulta sobre el futuro político de Cataluña prevista para el 9 de noviembre y que el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, considera que vulnera la Constitución española de 1978. (es)
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