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- La crisis política en Paraguay de 2012 se desató a raíz del juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo por la Cámara de Diputados de Paraguay. Este órgano parlamentario acusó al gobernante electo en el 2008 por mal desempeño de funciones, acusándolo -entre otras cosas- de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos. Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes sobre un total de 125 congresistas decidió destituirlo de su cargo. Con ello se convirtió en el segundo presidente paraguayo en ser sometido a este proceso, siendo José P. Guggiari el primero, en 1928. Mientras que los defensores del juicio político alegaron el cumplimiento formal de lo establecido por el Art. 225° de la Constitución del Paraguay; sus críticos, fundamentándose en el derecho internacional y en el Art. 17° de la misma Constitución, denunciaron serias violaciones al debido proceso, la falta de pruebas reales, la presentación de acusaciones falsas y la celeridad con la cual se había realizado el juicio, durando en total menos de 48 horas y dando dos horas a la defensa para la presentación oral de su descargo en el Senado, por lo que lo consideraron un «golpe de estado parlamentario». La comunidad internacional respondió de distintas maneras ante los sucesos, predominando los rechazos y/o condenas en América Latina. Con la complacencia del expresidente Fernando Lugo, los demás países miembros plenos del Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay), además de la mayoría de los países de la región (como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) se manifestaron expresamente en contra de la destitución de Lugo, retirando, aquellos que tenían, a sus embajadores en Paraguay. Consecuentemente, Paraguay fue suspendido como miembro del Mercosur. Algunos países, Estados Unidos y Canadá entre ellos, señalaron una aceptación reservada de los hechos, llamando al respeto de la institucionalidad democrática.[cita requerida] Por su parte, mientras la Santa Sede dio antes que ningún Estado su reconocimiento oficial al nuevo gobierno encabezado por el hasta ese momento vicepresidente paraguayo, Federico Franco, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos enviaron comitivas al Paraguay para recabar datos sobre la situación. A diferencia del golpe de Estado en Honduras de 2009 (evento también considerado como parte de un neogolpismo incipiente por sus críticos), el Consejo Permanente de la OEA, en su sesión del 22 de agosto de 2012, no pudo obtener un acuerdo sobre una sanción al Paraguay, medida respaldada por 8 países y rechazada por 26. Ante la proximidad de las siguientes elecciones generales, fijadas para el 21 de abril de 2013, el principal interés manifiesto por organismos internacionales consistió en observar la constitucionalidad y transparencia del proceso pre-electoral y electoral. Luego de celebrados los comicios, que fueron ganados por el colorado Horacio Cartes y que permitió la elección de Lugo como senador nacional (su alianza de partidos de izquierda acabó en tercer lugar), los países de la región reconocieron al triunfador, ordenaron el retorno de embajadores (en algunos casos, todavía vacantes) y anularon la suspensión al país de participar en el Mercosur y en la Unasur. Cartes confirmó el retorno de Paraguay a la Unasur en agosto de 2013 y su intención de volver al Mercosur tras un arreglo diplomático sobre la situación del ingreso de Venezuela al bloque. (es)
- La crisis política en Paraguay de 2012 se desató a raíz del juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo por la Cámara de Diputados de Paraguay. Este órgano parlamentario acusó al gobernante electo en el 2008 por mal desempeño de funciones, acusándolo -entre otras cosas- de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos. Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes sobre un total de 125 congresistas decidió destituirlo de su cargo. Con ello se convirtió en el segundo presidente paraguayo en ser sometido a este proceso, siendo José P. Guggiari el primero, en 1928. Mientras que los defensores del juicio político alegaron el cumplimiento formal de lo establecido por el Art. 225° de la Constitución del Paraguay; sus críticos, fundamentándose en el derecho internacional y en el Art. 17° de la misma Constitución, denunciaron serias violaciones al debido proceso, la falta de pruebas reales, la presentación de acusaciones falsas y la celeridad con la cual se había realizado el juicio, durando en total menos de 48 horas y dando dos horas a la defensa para la presentación oral de su descargo en el Senado, por lo que lo consideraron un «golpe de estado parlamentario». La comunidad internacional respondió de distintas maneras ante los sucesos, predominando los rechazos y/o condenas en América Latina. Con la complacencia del expresidente Fernando Lugo, los demás países miembros plenos del Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay), además de la mayoría de los países de la región (como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) se manifestaron expresamente en contra de la destitución de Lugo, retirando, aquellos que tenían, a sus embajadores en Paraguay. Consecuentemente, Paraguay fue suspendido como miembro del Mercosur. Algunos países, Estados Unidos y Canadá entre ellos, señalaron una aceptación reservada de los hechos, llamando al respeto de la institucionalidad democrática.[cita requerida] Por su parte, mientras la Santa Sede dio antes que ningún Estado su reconocimiento oficial al nuevo gobierno encabezado por el hasta ese momento vicepresidente paraguayo, Federico Franco, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos enviaron comitivas al Paraguay para recabar datos sobre la situación. A diferencia del golpe de Estado en Honduras de 2009 (evento también considerado como parte de un neogolpismo incipiente por sus críticos), el Consejo Permanente de la OEA, en su sesión del 22 de agosto de 2012, no pudo obtener un acuerdo sobre una sanción al Paraguay, medida respaldada por 8 países y rechazada por 26. Ante la proximidad de las siguientes elecciones generales, fijadas para el 21 de abril de 2013, el principal interés manifiesto por organismos internacionales consistió en observar la constitucionalidad y transparencia del proceso pre-electoral y electoral. Luego de celebrados los comicios, que fueron ganados por el colorado Horacio Cartes y que permitió la elección de Lugo como senador nacional (su alianza de partidos de izquierda acabó en tercer lugar), los países de la región reconocieron al triunfador, ordenaron el retorno de embajadores (en algunos casos, todavía vacantes) y anularon la suspensión al país de participar en el Mercosur y en la Unasur. Cartes confirmó el retorno de Paraguay a la Unasur en agosto de 2013 y su intención de volver al Mercosur tras un arreglo diplomático sobre la situación del ingreso de Venezuela al bloque. (es)
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- La crisis política en Paraguay de 2012 se desató a raíz del juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo por la Cámara de Diputados de Paraguay. Este órgano parlamentario acusó al gobernante electo en el 2008 por mal desempeño de funciones, acusándolo -entre otras cosas- de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos. Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes sobre un total de 125 congresistas decidió destituirlo de su cargo. Con ello se convirtió en el segundo presidente paraguayo en ser sometido a este proceso, siendo José P. Guggiari el primero, en 1928. (es)
- La crisis política en Paraguay de 2012 se desató a raíz del juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo por la Cámara de Diputados de Paraguay. Este órgano parlamentario acusó al gobernante electo en el 2008 por mal desempeño de funciones, acusándolo -entre otras cosas- de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos. Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes sobre un total de 125 congresistas decidió destituirlo de su cargo. Con ello se convirtió en el segundo presidente paraguayo en ser sometido a este proceso, siendo José P. Guggiari el primero, en 1928. (es)
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