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- La crisis de los controladores aéreos en España en 2010 se refiere a una serie de eventos, derivados de errores por parte de Aena en el cómputo de la jornada laboral de los controladores aéreos que, siendo ministro de Fomento el socialista José Blanco, condujeron a que Aena realizara cierres del espacio aéreo de Galicia desde la noche del 26 de noviembre de 2010 y sucesivos días, desembocando en el cierre total del espacio aéreo en el territorio español durante los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Aunque el Ministro de Fomento, José Blanco, calificó en ese momento los hechos como «huelga salvaje» y acusó a los trabajadores de hacer «chantaje» y de «utilizar como rehenes a los pasajeros», lo cierto es que el juez Vázquez, en su auto de archivo definitivo de la causa penal contra los controladores aéreos, señala que el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010 fue «una decisión política de quien tenía competencia para ello», afirmando que «queda excluido» que «ni los controladores habían pactado abandonar masivamente los puestos de trabajo, ni tenían un plan para cerrar el espacio aéreo». Estos eventos dieron comienzo en la noche del 26 de noviembre de 2010 cuando se debieron realizar cierres parciales del espacio aéreo gallego por la inasistencia al trabajo de 9 de los 28 controladores aéreos que, a falta de más de un mes para el 31 de diciembre, ya habían cumplido todas las horas de trabajo computables a su jornada anual. Este es un hecho probado según sentencia del juez Vázquez Taín de Santiago de Compostela en abril de 2013. El día 18 de noviembre los controladores aéreos habían advertido de que los cambios producidos por la nueva regulación llevarían a que, en breve, los controladores de Santiago de Compostela alcanzasen el límite máximo de horas que por ley podían cumplir, por lo que no podrían continuar trabajando. Dos de ellos incluso formalizaron denuncia contra AENA por incumplimiento de las condiciones laborales. El sindicato afirmó además que «esto es un goteo que se va a convertir en cascada según avancen las semanas y la gente vaya cumpliendo el máximo legal de horas en otras dependencias», acusando a AENA de falta de planificación y de desprecio de los avisos del sindicato. En respuesta, AENA negó que en Santiago se estuviera alcanzando el tope de horas y afirmó que el problema se debía al absentismo de los trabajadores y que si fuese necesario reorganizarían los turnos de modo que ningún controlador alcanzase el máximo. Sin embargo, los propios controladores aéreos recordaron que la entidad pública computaba de forma singular el absentismo, considerando como tal "cualquier ausencia del trabajo". Es decir, vacaciones, días de asuntos propios, días libres o los permisos de maternidad o por muerte de un familiar tenían la consideración de absentismo. Ante tal circunstancia, la Directora de Navegación Aérea de Aena, Carmen Librero Pintado intentó, sin éxito, en escrito del día 26 de noviembre que la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) autorizara un incremento en la jornada máxima de los controladores de toda España, alegando «dificultades organizativas» de la entidad pública Aena. A la solicitud, la AESA respondió, en escrito de 29 de noviembre, denegando la petición de ampliación de jornada, en base al informe de la Abogacía del Estado. Por tanto, los controladores que habían superado su jornada máxima, por razones de seguridad, no podrían seguir trabajando de forma legal sin incumplir las normas de seguridad que el propio Ministerio de Fomento había establecido tres meses antes, en el RD 1001/2010. A pesar de ello, AENA siguió incluyendo en sus programaciones de trabajadores a personas que sabía positivamente que no podrían trabajar por haber superado su jornada y llegando a incluir en programación, según figura en sentencia judicial, "supuestamente, a un fallecido". A pesar de que se advirtió a los mismos de que serían expedientados, el 2 de diciembre, un día antes del Consejo de Ministros ordinario que iba a ratificar la jornada máxima, volvieron a faltar controladores en el aeropuerto de Santiago de Compostela, que repitieron sus argumentos. Los controladores de toda España amenazaron con continuar en una escalada sin acudir al trabajo en distintos aeropuertos y centros de control de Aena con el mismo argumento. El ministro de Fomento presentó en el Consejo de Ministros del 3 de diciembre el decreto que efectuaba el cómputo de horas y que se aprobó mediante decreto-ley, al tiempo que, según afirmó el gobierno socialista, entre el 70 y el 90 % de los controladores aéreos abandonó sus puestos de trabajo desde las 17:00 horas del mismo día alegando para ello que, en virtud de la Ley de Navegación Aérea, no se encontraban en condiciones psicofísicas para trabajar. Los controladores sostienen que ese día ningún controlador aéreo abandonó su puesto. Ante la situación, el Gobierno, mediante decreto firmado por el ministro de la Presidencia Ramón Jáuregui, y sancionado por el rey Juan Carlos I, ordenó a las 22:45 horas la militarización del espacio aéreo y que efectivos del Ejército del Aire tomaran bajo su mando los centros de control de tráfico aéreo y las torres de los principales aeropuertos civiles. El 4 de diciembre, en Consejo de Ministros extraordinario se declaró el estado de alarma por un espacio de quince días, el máximo contemplado por la Constitución, siendo la primera vez que sucedía esto en España desde el restablecimiento de la democracia. Según el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la situación se produjo el día en que el país iniciaba un significativo periodo vacacional que empezaba en esa misma tarde del día 3 de diciembre hasta el día 8 del mismo mes. Según fuentes del Ministerio de Fomento alrededor de 300 000 pasajeros se encontraban afectados por el cierre del espacio aéreo el día 3 de diciembre, cifra que alcanzó a unos 630 000 al día siguiente. Los aeropuertos comenzaron a paralizarse a media tarde, debiendo cerrar su espacio aéreo varios de ellos, entre los más destacables los de Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca. Conforme avanzaba la noche la red de Eurocontrol comunicó que, prácticamente, quedaba cerrado todo el espacio aéreo español hasta las 16:00 horas del 4 de diciembre. Por otra parte, los controladores sostienen que ese día ningún controlador aéreo abandonó su puesto y que, efectivamente se rellenaron los partes de disminución de condiciones psicofisicas según les obliga el Art. 34.4 Ley de Seguridad Aérea, impresos que fueron facilitados repentinamente por AENA en todas las dependencias de España. Ello, una vez tomada la decisión por parte de Aena de cerrar el espacio aéreo y no antes. Así lo han ratificado hasta 19 juzgados distintos. El 15 de diciembre y a propuesta del Consejo de Ministros del Gobierno Socialista, el Congreso de los Diputados prorrogó hasta el 15 de enero de 2011 el estado de alarma, decayendo la prórroga dicho día al tiempo que un Real Decreto devolvía el control aeroportuario a AENA tras considerar el gobierno en el Consejo de Ministros del 13 de enero que la crisis había terminado y la situación había regresado a la normalidad y se habían retomado las negociaciones entre la operadora aeroporturaria AENA y los controladores en la negociación colectiva, nombrando las partes un arbitraje obligatorio en caso de no llegar a acuerdo. Terminado el período de negociación sin acuerdo, las parte se sometieron a un laudo arbitral obligatorio, eligiendo com mediador a Manuel Pimentel, exministro de Trabajo en el primer gobierno de José María Aznar. El propio Pimentel reconoció que los controladores tenían razón y que se debía aclarar su jornada, fijando la jornada laboral en 1710 horas para 2011, incluyendo las horas de formación, con una reducción hasta 1595 horas en 2013, y reduciendo el salario medio a 200 000 euros anuales. También reconoció Pimentel, textualmente: «podemos afirmar que, con 1670 horas anuales, la jornada de nuestros controladores sería una de las más extensas de Europa». Durante la crisis, los controladores aéreos, sostuvieron que trabajaban en condiciones extremas de tensión y que mediante un decreto ley les habían aumentado las horas de trabajo al convertir las extraordinarias que voluntariamente realizaban una parte de los controladores, en horas ordinarias obligatorias para todos, a la vez que les habían rebajado el sueldo. Efectivamente, el propio Pimentel en su laudo recoge: «Un elemento que no puede ignorarse, obviamente, en este procedimiento arbitral es la numerosa producción legislativa y reglamentaria que se ha aprobado a lo largo del último año (2010) sobre las condiciones de trabajo del colectivo de Controladores del tránsito aéreo». Además, señalaron que las condiciones laborales se habían ido recortando desde febrero de 2010 a base de decretos del gobierno y que se había comprometido la operatividad y seguridad aérea, aumentando de forma preocupante el número de incidentes aéreos. Por parte de las autoridades, particulares y la Fiscalía, se iniciaron acciones contra los controladores sobre la base de los posibles perjuicios económicos causados, así como por la presunta comisión de delitos contra la seguridad aérea. La propia actuación del Gobierno y del Fiscal General del Estado en este conflicto fue criticada por la Asociación de Fiscales La mayoría de las causas penales contra los controladores han sido ya archivadas, dando la razón a los controladores y culpando a Aena de la decisión unilateral de bloquear el espacio aéreo. (es)
- La crisis de los controladores aéreos en España en 2010 se refiere a una serie de eventos, derivados de errores por parte de Aena en el cómputo de la jornada laboral de los controladores aéreos que, siendo ministro de Fomento el socialista José Blanco, condujeron a que Aena realizara cierres del espacio aéreo de Galicia desde la noche del 26 de noviembre de 2010 y sucesivos días, desembocando en el cierre total del espacio aéreo en el territorio español durante los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Aunque el Ministro de Fomento, José Blanco, calificó en ese momento los hechos como «huelga salvaje» y acusó a los trabajadores de hacer «chantaje» y de «utilizar como rehenes a los pasajeros», lo cierto es que el juez Vázquez, en su auto de archivo definitivo de la causa penal contra los controladores aéreos, señala que el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010 fue «una decisión política de quien tenía competencia para ello», afirmando que «queda excluido» que «ni los controladores habían pactado abandonar masivamente los puestos de trabajo, ni tenían un plan para cerrar el espacio aéreo». Estos eventos dieron comienzo en la noche del 26 de noviembre de 2010 cuando se debieron realizar cierres parciales del espacio aéreo gallego por la inasistencia al trabajo de 9 de los 28 controladores aéreos que, a falta de más de un mes para el 31 de diciembre, ya habían cumplido todas las horas de trabajo computables a su jornada anual. Este es un hecho probado según sentencia del juez Vázquez Taín de Santiago de Compostela en abril de 2013. El día 18 de noviembre los controladores aéreos habían advertido de que los cambios producidos por la nueva regulación llevarían a que, en breve, los controladores de Santiago de Compostela alcanzasen el límite máximo de horas que por ley podían cumplir, por lo que no podrían continuar trabajando. Dos de ellos incluso formalizaron denuncia contra AENA por incumplimiento de las condiciones laborales. El sindicato afirmó además que «esto es un goteo que se va a convertir en cascada según avancen las semanas y la gente vaya cumpliendo el máximo legal de horas en otras dependencias», acusando a AENA de falta de planificación y de desprecio de los avisos del sindicato. En respuesta, AENA negó que en Santiago se estuviera alcanzando el tope de horas y afirmó que el problema se debía al absentismo de los trabajadores y que si fuese necesario reorganizarían los turnos de modo que ningún controlador alcanzase el máximo. Sin embargo, los propios controladores aéreos recordaron que la entidad pública computaba de forma singular el absentismo, considerando como tal "cualquier ausencia del trabajo". Es decir, vacaciones, días de asuntos propios, días libres o los permisos de maternidad o por muerte de un familiar tenían la consideración de absentismo. Ante tal circunstancia, la Directora de Navegación Aérea de Aena, Carmen Librero Pintado intentó, sin éxito, en escrito del día 26 de noviembre que la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) autorizara un incremento en la jornada máxima de los controladores de toda España, alegando «dificultades organizativas» de la entidad pública Aena. A la solicitud, la AESA respondió, en escrito de 29 de noviembre, denegando la petición de ampliación de jornada, en base al informe de la Abogacía del Estado. Por tanto, los controladores que habían superado su jornada máxima, por razones de seguridad, no podrían seguir trabajando de forma legal sin incumplir las normas de seguridad que el propio Ministerio de Fomento había establecido tres meses antes, en el RD 1001/2010. A pesar de ello, AENA siguió incluyendo en sus programaciones de trabajadores a personas que sabía positivamente que no podrían trabajar por haber superado su jornada y llegando a incluir en programación, según figura en sentencia judicial, "supuestamente, a un fallecido". A pesar de que se advirtió a los mismos de que serían expedientados, el 2 de diciembre, un día antes del Consejo de Ministros ordinario que iba a ratificar la jornada máxima, volvieron a faltar controladores en el aeropuerto de Santiago de Compostela, que repitieron sus argumentos. Los controladores de toda España amenazaron con continuar en una escalada sin acudir al trabajo en distintos aeropuertos y centros de control de Aena con el mismo argumento. El ministro de Fomento presentó en el Consejo de Ministros del 3 de diciembre el decreto que efectuaba el cómputo de horas y que se aprobó mediante decreto-ley, al tiempo que, según afirmó el gobierno socialista, entre el 70 y el 90 % de los controladores aéreos abandonó sus puestos de trabajo desde las 17:00 horas del mismo día alegando para ello que, en virtud de la Ley de Navegación Aérea, no se encontraban en condiciones psicofísicas para trabajar. Los controladores sostienen que ese día ningún controlador aéreo abandonó su puesto. Ante la situación, el Gobierno, mediante decreto firmado por el ministro de la Presidencia Ramón Jáuregui, y sancionado por el rey Juan Carlos I, ordenó a las 22:45 horas la militarización del espacio aéreo y que efectivos del Ejército del Aire tomaran bajo su mando los centros de control de tráfico aéreo y las torres de los principales aeropuertos civiles. El 4 de diciembre, en Consejo de Ministros extraordinario se declaró el estado de alarma por un espacio de quince días, el máximo contemplado por la Constitución, siendo la primera vez que sucedía esto en España desde el restablecimiento de la democracia. Según el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la situación se produjo el día en que el país iniciaba un significativo periodo vacacional que empezaba en esa misma tarde del día 3 de diciembre hasta el día 8 del mismo mes. Según fuentes del Ministerio de Fomento alrededor de 300 000 pasajeros se encontraban afectados por el cierre del espacio aéreo el día 3 de diciembre, cifra que alcanzó a unos 630 000 al día siguiente. Los aeropuertos comenzaron a paralizarse a media tarde, debiendo cerrar su espacio aéreo varios de ellos, entre los más destacables los de Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca. Conforme avanzaba la noche la red de Eurocontrol comunicó que, prácticamente, quedaba cerrado todo el espacio aéreo español hasta las 16:00 horas del 4 de diciembre. Por otra parte, los controladores sostienen que ese día ningún controlador aéreo abandonó su puesto y que, efectivamente se rellenaron los partes de disminución de condiciones psicofisicas según les obliga el Art. 34.4 Ley de Seguridad Aérea, impresos que fueron facilitados repentinamente por AENA en todas las dependencias de España. Ello, una vez tomada la decisión por parte de Aena de cerrar el espacio aéreo y no antes. Así lo han ratificado hasta 19 juzgados distintos. El 15 de diciembre y a propuesta del Consejo de Ministros del Gobierno Socialista, el Congreso de los Diputados prorrogó hasta el 15 de enero de 2011 el estado de alarma, decayendo la prórroga dicho día al tiempo que un Real Decreto devolvía el control aeroportuario a AENA tras considerar el gobierno en el Consejo de Ministros del 13 de enero que la crisis había terminado y la situación había regresado a la normalidad y se habían retomado las negociaciones entre la operadora aeroporturaria AENA y los controladores en la negociación colectiva, nombrando las partes un arbitraje obligatorio en caso de no llegar a acuerdo. Terminado el período de negociación sin acuerdo, las parte se sometieron a un laudo arbitral obligatorio, eligiendo com mediador a Manuel Pimentel, exministro de Trabajo en el primer gobierno de José María Aznar. El propio Pimentel reconoció que los controladores tenían razón y que se debía aclarar su jornada, fijando la jornada laboral en 1710 horas para 2011, incluyendo las horas de formación, con una reducción hasta 1595 horas en 2013, y reduciendo el salario medio a 200 000 euros anuales. También reconoció Pimentel, textualmente: «podemos afirmar que, con 1670 horas anuales, la jornada de nuestros controladores sería una de las más extensas de Europa». Durante la crisis, los controladores aéreos, sostuvieron que trabajaban en condiciones extremas de tensión y que mediante un decreto ley les habían aumentado las horas de trabajo al convertir las extraordinarias que voluntariamente realizaban una parte de los controladores, en horas ordinarias obligatorias para todos, a la vez que les habían rebajado el sueldo. Efectivamente, el propio Pimentel en su laudo recoge: «Un elemento que no puede ignorarse, obviamente, en este procedimiento arbitral es la numerosa producción legislativa y reglamentaria que se ha aprobado a lo largo del último año (2010) sobre las condiciones de trabajo del colectivo de Controladores del tránsito aéreo». Además, señalaron que las condiciones laborales se habían ido recortando desde febrero de 2010 a base de decretos del gobierno y que se había comprometido la operatividad y seguridad aérea, aumentando de forma preocupante el número de incidentes aéreos. Por parte de las autoridades, particulares y la Fiscalía, se iniciaron acciones contra los controladores sobre la base de los posibles perjuicios económicos causados, así como por la presunta comisión de delitos contra la seguridad aérea. La propia actuación del Gobierno y del Fiscal General del Estado en este conflicto fue criticada por la Asociación de Fiscales La mayoría de las causas penales contra los controladores han sido ya archivadas, dando la razón a los controladores y culpando a Aena de la decisión unilateral de bloquear el espacio aéreo. (es)
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