Se conoce bajo el nombre de crisis de los controladores aéreos en España a una serie de eventos que condujeron al cierre total del espacio aéreo en el territorio español durante los días 3 y 4 de diciembre de 2010.

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  • Se conoce bajo el nombre de crisis de los controladores aéreos en España a una serie de eventos que condujeron al cierre total del espacio aéreo en el territorio español durante los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Estos eventos dieron comienzo en la noche del 28 de noviembre de 2010 cuando se debieron realizar cierres parciales del espacio aéreo gallego por la inasistencia al trabajo de 10 de los 28 controladores aéreos que argumentaban haber cumplido todas las horas de trabajo computables a su jornada anual, hecho probado según sentencia del juez Vazquez Taín de Santiago de Compostela en abril de 2013. A pesar de que se advirtió a los mismos de que serían expedientados, el 2 de diciembre, un día antes del Consejo de Ministros ordinario que iba a ratificar la jornada laboral, volvieron a faltar controladores en el aeropuerto de Santiago de Compostela, que repitieron sus argumentos. Los controladores de toda España amenazaron con continuar en una escalada sin acudir al trabajo en distintos aeropuertos con el mismo argumento. El ministro de Fomento presentó en el Consejo de Ministros del 3 de diciembre el decreto que efectuaba el cómputo de horas y que se aprobó mediante decreto-ley, al tiempo que entre el 70 y el 90% de los controladores aéreos abandonó sus puestos de trabajo desde las 17:00 horas del mismo día alegando para ello que, en virtud de la Ley de Navegación Aérea, no se encontraban en condiciones psicofísicas para trabajar. Ante la situación, el Gobierno, mediante decreto firmado por el ministro de la Presidencia Ramón Jáuregui, y sancionado por el Rey Juan Carlos I, ordenó a las 22:45 horas la militarización del espacio aéreo y que efectivos del Ejército del Aire tomaran bajo su mando los centros de control de tráfico aéreo y las torres de los principales aeropuertos civiles. El 4 de diciembre, en Consejo de Ministros extraordinario se declaró el estado de alarma por un espacio de quince días, el máximo contemplado por la Constitución, siendo la primera vez que sucedía esto en España desde el restablecimiento de la democracia.La acción de los controladores aéreos se produjo el día en que el país iniciaba un significativo periodo vacacional que empezaba en esa misma tarde del día 3 de diciembre hasta el día 8 del mismo mes. Según fuentes del Ministerio de Fomento alrededor de 300.000 pasajeros se encontraban afectados por la acción de los controladores el día 3 de diciembre, cifra que alcanzó a unos 630.000 al día siguiente. Los aeropuertos comenzaron a paralizarse a media tarde, debiendo cerrar su espacio aéreo varios de ellos, entre los más destacables los de Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca. Conforme avanzaba la noche la red de Eurocontrol comunicó que, prácticamente, quedaba cerrado todo el espacio aéreo español hasta las 16:00 horas del 4 de diciembre.El 15 de diciembre y a propuesta del Consejo de Ministros, el Congreso de los Diputados prorrogó hasta el 15 de enero de 2011 el estado de alarma, decayendo la prórroga dicho día al tiempo que un Real Decreto devolvía el control aeroportuario a AENA tras considerar el gobierno en el Consejo de Ministros del 13 de enero que la crisis había terminado y la situación había regresado a la normalidad y se habían retomado las negociaciones entre la operadora aeroporturaria AENA y los controladores en la negociación colectiva, nombrando las partes un arbitraje obligatorio en caso de no llegar a acuerdo. Terminado el período de negociación sin acuerdo, las parte se sometieron a un laudo arbitral obligatorio, eligiendo com mediador a Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo en el primer gobierno de José María Aznar, quien dictó el mismo fijando la jornada laboral en 1710 horas para 2011, incluyendo las horas de formación, con una reducción hasta 1595 horas en 2013, y que ajustó el salario medio a 200.000 euros anuales.Durante la crisis, los controladores aéreos, sostuvieron que trabajaban en condiciones extremas de tensión y que mediante un decreto ley les habían aumentado las horas de trabajo al convertir las extraordinarias voluntarias en horas ordinarias obligatorias y rebajado el sueldo, lo que consideraron "una provocación". Además, señalaron que las condiciones laborales se habían ido recortando desde febrero de 2010 a base de decretos del gobierno y que se había comprometido la operatividad y seguridad aérea. Por parte de las autoridades, particulares y la Fiscalía, se iniciaron acciones contra los controladores en base a los posibles perjuicios económicos causados, así como por la presunta comisión de delitos contra la seguridad aérea.
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